Una maestra de grado, con 20 años de ejercicio de la docencia, le ganó una demanda a la Provincia porque no le reconocía una incapacidad laboral definitiva por padecer «disfonía funcional irreversible». Por otra parte, en la sentencia se critica la actitud del Gobierno provincial por su «conducta maliciosa y temeraria» de negarse a pagar la indemnización.

La negativa de la Provincia hizo que la docente no pudiera cobrar en vida el beneficio que le correspondía por su afección comprobada. Esto hizo que los acreedores del monto de la demanda ahora san sus herederos. 

La sentencia 100 del 18 de junio pasado fue emitida por la Cámara Única del Trabajo de la ciudad de Villa María, que condena a la Provincia a pagar una indemnizacion a la docente por una incapacidad laboral defintiva del orden del 17,7 por ciento de la capacidad total obrera, a lo que debe sumársele un 20 por ciento más por daños extratarifarios.

Según esa sentencia, el Estado provincial tuvo una «conducta procesal maliciosa y temeraria» frente al reclamo por el pago de la indemnización de una incapacidad reconocida e irreversible. Por esto, la cámara condena a pagar al Gobierno un interés del cuatro por ciento mensual sobre la suma adeudada. 

En la causa «Lumello, Patricia del Carmen y otros c/ Superior Gobierno de la Provincia de Córdoba–Ordinario -Incapacidad» el camarista Marcelo Salomón se refirió a la conducta maliciosa de la parte demandada. Sostuvo que este tipo de reclamos «nunca deberían llegar hasta esta instancia procesal» y que, tal vez, ni siquiera correspondería que sean judicializadas si los operadores del sistema de prevención y reparación de riesgos del trabajo actuaran «con lealtad, providencia y prontitud respecto a los siniestrados».

«Se ha verificado en autos, el penoso agravante que el demandado es el propio Estado provincial, quien debería ser el primero en cumplir las normas pues, si no, se vacía de legitimación constitucional el contrato social y el estado pierde su esencia legal de autoridad para reclamar a los particulares el cumplimiento de la ley», enfatizó Salomón.

Prueba contundente

El magistrado puntualizó que, en este caso, la docente tuvo que transitar durante cuatro años las diferentes etapas del proceso –tanto administrativo como judicial- pese a los «contundentes elementos probatorios» que existían a favor del reclamo. También señaló que durante ese período se produjo el fallecimiento de la mujer, por lo que serán sus herederos quienes recibirán la indemnización. 

El camarista Salomón explicó que la sanción procesal a la Provincia se funda en la insistente negación de pago de la indemnización debida. “La accionada sostenidamente ha negado adeudar el reclamo sin acreditar ni demostrar nada vinculado a su no existencia o en su caso su cancelación. Esta sola posición constituye una ‘defensa manifiestamente incompatible y contradictoria de hechos o de derecho’ con la posición de la actora”, enfatizó.

Además, el vocal señaló que la demandada, con su postura, obligó a una trabajadora a un peregrinar para obtener la prestación a la que era acreedora de modo indiscutible desde el mismo momento en que se expidió la Comisión Médica, «lo que la privó de recibir –y disponer a su criterio- en vida el importe correspondiente a su indemnización».

En la resolución se indica que en plena cuarentena, la cámara hizo todas las etapas del juicio a través de procedimientos virtuales como el expediente electrónico y las videoconferencias.



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