El Ministerio de Seguridad denunció este lunes al exjefe de Gabinete de esa cartera en el macrismo, Pablo Noceti, y a exautoridades dela Gendarmería Nacional por supuestos delitos cometidos durante los operativos de agosto de 2017 en la ruta nacional 40, en la provincia de Chubut, que tuvieron como consecuencia la desaparición de Santiago Maldonado.

«La denuncia alcanza también a Gerardo Otero, exdirector de Gendarmería Nacional Argentina, y al Comandante General Ernesto Oscar Robino, ex Subdirector Nacional de la Gendarmería Nacional Argentina», explicaron a este medio desde la cartera que conduce Sabina Frederic.

La denuncia quedó a cargo del juez federal Sebastián Casanello y se presentó por los delitos de «perturbaciones al ejercicio de la función pública, usurpación de autoridad, abuso de autoridad y violación de deberes».

«Es solo aprendiendo críticamente de las inconductas del pasado que éstas pueden evitarse”, destacó la ministra Frederic, quien explicó que esta revisión interna de las actuaciones, que nada tiene que ver con las acciones que lleve a cabo el Poder Judicial, tiene “finalidades formativas y doctrinarias que destaquen protocolos y procedimientos pertinentes y subrayen errores, negligencias e imprudencias que deben evitarse, no sólo en defensa de la vida y la propiedad de los habitantes, sino también en defensa del bienestar, la integridad y la carrera de los miembros de las Fuerzas de Seguridad, poniéndolos a salvo de conductas que los puedan comprometer disciplinaria y legalmente”.

En la denuncia se aludió a lo ocurrido el 1 de agosto de 2017 en el Paraje Leleque, cuando manifestantes de la comunidad mapuche cortaron la ruta. «Frente a ello, personal de Gendarmería Nacional, obedeciendo las estrictas instrucciones y directivas que habían sido impartidas por el dr. Pablo Noceti y la superioridad institucional de la Fuerza, se apersonaron en la carretera para proceder a su despeje», se recordó.

«Deviene ineludible mencionar que su accionar previo y durante la ejecución de los operativos acaecidos el 1 de agosto del 2017, el cual culminó con la desaparición seguida de muerte de Santiago Maldonado, podría configurar una violación a los deberes de funcionario público», sostuvo la denuncia sobre Noceti.

Para el denunciante hubo una «indebida injerencia en el cumplimiento de una orden judicial, en tanto su carácter de autoridad política administrativa» impedía «involucrarse y dar directivas a la Fuerza cuando ésta actúa como órgano auxiliar de la Justicia, estorbando y desvirtuando la orden del magistrado».

El informe que impulsó la denuncia

El Gobierno nacional encontró en un informe que elaboró la Gendarmería los argumentos para apuntar contra los ex funcionarios del gobierno de Macri que estuvieron a cargo del operativo que terminó con la desaparición y posterior muerte de Maldonado.

El escrito  señala a Noceti, a Otero y a Robino como «autores, coautores o partícipes por la presunta comisión de delitos de acción pública tipificados en los artículos 45 y ss., 54 y ss., 77, 241 inc.2º, 246 inc. 3º, 248, 249, 277 inc.1º a) y 3º d) y 279 inc. 3º del Código Penal de la Nación».

El informe analiza, detalladamente las diferentes «responsabilidades en la represión desatada sobre la Ruta Nacional 40 y constituye el punto de llegada de un trabajo de 7 meses de investigación que hizo la Gendarmería Nacional acerca de lo ocurrido aquel 1ero de agosto de 2017».

Además, establece un conjunto de responsabilidades dentro de la Gendarmería Nacional que «alcanza al comandante mayor Diego Conrado Héctor Balardi -jefe del operativo de despeje de la ruta nacional 40-, quien se retiró de la zona dejando la responsabilidad del operativo en oficiales jefes de menor jerarquía, demostrando falta de mando, compromiso y de responsabilidad con la misión encomendada-«.

También señala «al comandante principal Fabián Arturo Méndez -jefe del Escuadrón 35 El Bolsón- quien, designado por Balardi como responsable de las acciones, se ausentó de la zona del corte, dejando al personal y las operaciones al mando de un oficial de menor jerarquía y de ajena jurisdicción, lo que derivó, posteriormente, en un accionar intempestivo, desorganizado e inadecuado».

Y, finalmente, al comandante principal Juan Pablo Escola, «quien evitó informar al juez federal competente y al jefe del operativo sobre la situación en el terreno y por haber ordenado, en forma intempestiva y apresurada, que el escaso y mal equipado personal que había quedado a su cargo interviniera en el despeje de la ruta poniendo en peligro la seguridad de los mismos y de los manifestantes».

Según el reciente documento de la GNA, Escola ordenó “el uso, en forma peligrosa, de una camioneta Ford Ranger, de escopetas con munición antitumulto, como así también el ingreso al campo contiguo al corte para de esa forma detener a los manifestantes, involucrando a personal no idóneo ni equipado que, por eso, se vio desbordado por la situación, actuando en forma desorganizada y confusa”.

El minucioso informe de más de 600 fojas presentado por el Ministerio de Seguridad de la Nación procura constituir un hecho reparatorio de parte del Estado respecto del daño producido por el mismo Estado nacional. Es en ese marco que la investigación encargada por el Ministerio y efectuada por la Gendarmería muestra que, «atravesadas por imprudencia, inoportunidad, impericia, e ineficacia, las acciones represivas de 2017 carecieron de proporcionalidad y de racionalidad para el inicio de un operativo de despeje ‘que sólo se llevó a cabo por voluntad política, por las órdenes impartidas por el Jefe de Gabinete del Ministerio de Seguridad, Doctor Pablo Noceti, y del ex Director Nacional de la Gendarmería de entonces, el Comandante Otero'».

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