El fiscal Guillermo Monti tiene entre manos una investigación penal con apariencia simple, el homicidio y posterior enterramiento de Juana Valdez (43), pero también atada a una serie de complejidades y de desconciertos. Es que no aparece con claridad un motivo claro para el crimen de esta mujer que llevaba menos de un año de matrimonio .

Juana era la modesta poseedora de una pensión por discapacidad y compartía con Jeremías González (35) una simple vivienda en barrio Sierras y Parques, de Jesús María. A él lo había abandonado una anterior pareja y le había dejado a su cargo los hijos que tenían en común. Juana le ayudaba a criar a esos hijos.

Solamente los rumores del barrio mencionan que él tenía un comportamiento violento, ya que la familia de Juana señaló desconocer que hubiera sido víctima de violencia de género. Ni en la Justicia ni en la Policía consta denuncia alguna.

Una hipótesis que maneja la fiscalía –sustentada en algunos aportes que serán incorporados al expediente– señala que él habría encontrado una nueva pareja y que en los últimos tres meses buscó infructuosamente casarse por civil, solicitud que le fue negada en el Registro Civil de Sinsacate porque no estaba legalmente divorciado de Juana (tampoco nadie sabía que ya había sido asesinada y que su cuerpo estaba enterrado).

Y el domingo pasado fue el propio Jeremías quien dio parte a la Policía de que había encontrado un cuerpo semienterrado, en un bosquecito pegado a una chacra de Colonia Caroya, situación que lo terminó incriminando.

¿Habrá pensado que si aparecía Juana obtendría el certificado de defunción que le permitiría el casamiento por civil que tanto estuvo pidiendo? ¿Supuso que le traspasarían la pensión de su esposa por su carácter de viudo?

Algunas de estas preguntas pasan por la cabeza del fiscal Monti por estas horas, mientras espera los resultados de una autopsia bien compleja por el estado de descomposición en que se encontraba el cadáver. Se desconoce, aún, cómo la mataron, si el asesino utilizó sólo las fuerzas de sus manos o si se valió de algún tipo de arma u objeto.

En la comunidad de esta región, este femicidio generó indignación y reproches. ¿Cómo pudo ser que una mujer esté desaparecida seis meses y que nadie se haya interesado? ¿Ninguna de las hijas de la mujer –tenía cuatro de anteriores parejas– se dio cuenta de que su madre faltaba?

Los familiares que viven a escasas cuadras, ¿tampoco advirtieron que algo raro pasaba?

Conocido el caso, en las redes sociales estalló todo tipo de críticas que también devolvía en espejo la realidad de una comunidad en la que los micromachismos son cotidianos, que suele encabezar los rankings de denuncias por violencia familiar y donde cuesta muchísimo hacer visible la situación de desigualdad entre géneros.

La marcha de la bronca

Durante la noche del lunes, alrededor de 100 personas se movilizaron por el centro de Jesús María en protesta por la muerte de Juana, pero también para recordar los femicidios de María Eugenia Cadamuro, Wanda Abigaíl Navarro, Verónica Tottis, Denise Vergara y María José Urbaneja, ocurridos en los últimos años en la zona y en la más cruel de las situaciones.

“Estamos aquí por bronca, por la impotencia de no saber qué más hacer para que no nos maten y nos abandonen tiradas como perros en un descampado”, se leyó tras la marcha.

“Durante la pandemia –detallaron–, más de 200 mujeres han denunciado hechos en el entorno familiar, otras tantas no se animaron por miedo a la represalia, a la falta de apoyo o contención, y otras tantas no pudieron hacerlo o simplemente no supieron cómo”.

Se exigió la creación para Jesús María de un juzgado especializado en violencia de género y familiar, una unidad judicial para Colonia Caroya y el nombramiento de un fiscal más.

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Edición Impresa

El texto original de este artículo fue publicado el 16/09/2020 en nuestra edición impresa.



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